La reforma tributaria que rige en la actualidad puede analizarse a través de un triple lente: cuáles fueron los impuestos que experimentaron bajas, cuáles subieron, y cuál resultó ser el costo neto para el Estado en este proceso de reestructuración fiscal.

La implementación de esta reforma no siguió un patrón uniforme. En lugar de una reducción o aumento generalizado de la presión tributaria, el Gobierno optó por un enfoque selectivo donde diferentes gravámenes experimentaron trayectorias distintas según criterios de política económica previamente establecidos.

Los tributos que bajaron fueron seleccionados en función de su potencial para activar determinados sectores de la economía. Al mismo tiempo, otros impuestos fueron elevados con el propósito de compensar parcialmente la merma de ingresos y mantener viabilidad en las finanzas estatales. Esta compensación no fue completa, lo que determinó un costo fiscal neto.

El costo que debió asumir el Estado en esta reforma es un número relevante. Refleja cuánto estuvo dispuesto a invertir el Gobierno en términos de ingresos tributarios para lograr los objetivos de política económica que justificaban estos cambios. Este cálculo involucra tanto cifras inmediatas como proyecciones sobre efectos futuros.

La reforma tributaria constituye una expresión clara de las prioridades económicas de la gestión. Los números permiten identificar con precisión hacia dónde se orientaron los cambios: qué actividades o sectores recibieron beneficios fiscales y cuál fue el mecanismo de financiamiento mediante incrementos en otros rubros.

Conforme transcurra el ciclo fiscal, la acumulación de datos sobre comportamiento de la recaudación y respuesta de la economía real permitirá evaluar en qué medida esta reforma tributaria alcanzó los objetivos que justificaron su implementación.

Imagen: Jakub Żerdzicki / Unsplash – Con informacion de El Cronista