El dinero para obras que frenen inundaciones existe y está disponible, pero se destina a financiar el Tesoro nacional en lugar de ejecutarse conforme a lo que la ley ordena. Esta desconexión entre la existencia de recursos y su aplicación efectiva marca un divorcio entre la norma legal y la práctica administrativa.

La realidad es paradójica: hay plata suficiente, pero no hay decisión de usarla en defensa contra crecidas de agua. Los fondos especiales creados para este propósito terminan reasignados hacia otras necesidades fiscales, quedando las obras de prevención en un estado de postergación permanente.

Este fenómeno refleja una tensión recurrente en la gestión estatal. Los fondos etiquetados legalmente para objetivos específicos se ven constantemente presionados por demandas presupuestarias inmediatas. Aunque exista una destinación normativa clara, la práctica de asignación de recursos termina subordinándolos a prioridades fiscales coyunturales, tornando inefectiva la intención de la ley.

El costo de esta desviación no es abstracto ni burocrático. Se expresa en comunidades sin defensas ante inundaciones, en infraestructura de prevención que no se construye, en riesgos que persisten porque la inversión preventiva nunca llega. La protección que legalmente debería existir simplemente no existe.

La cuestión plantea un desafío institucional profundo: cómo asegurar que los fondos creados por ley sean ejecutados en sus propósitos originales. Sin mecanismos robustos de control y seguimiento, los recursos especializados quedan vulnerables a ser capturados por dinámicas fiscales que los apartan de su destinación. El resultado es que problemas estructurales como la vulnerabilidad hídrica permanecen sin resolverse.

Imagen: Jan Arve Pettersen / Pexels – Con informacion de Clarín Rural