El planteo apunta a que se incorpore un subconcepto que había sido excluido por el juez y que representa cerca del 80% del monto total en discusión.

La causa se originó a partir del procesamiento dictado a fines del mes pasado por el juez Diego Amarante, quien consideró que ciertos tributos —principalmente ligados a ingresos por publicidad— no debían ser incluidos, al encuadrarse dentro del régimen de “autorretención” y no de “retención”.

Sin embargo, tanto el fiscal de primera instancia Claudio Navas Rial como ahora Pérez Barberá cuestionaron ese criterio. Según sostienen, ese punto excluido equivale a $6.679.796.471, es decir, el 77% de los $8.675 millones totales investigados.

En su dictamen, Pérez Barberá afirmó que la “autorretención” debe ser considerada dentro del concepto general de “retención” previsto por la ley penal. “No se trata de una categoría distinta, sino de una modalidad específica”, argumentó, y calificó de “irrazonable” la interpretación restrictiva adoptada por el magistrado.

El fiscal también mencionó una normativa de ARCA (resolución 5439/2023), que establece que el incumplimiento en la autorretención puede recibir las mismas sanciones penales que otros regímenes de percepción o retención.

Además de Tapia y Toviggino, la investigación alcanza a otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, como Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez. Todos están imputados por apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, en ambos casos con agravantes.

El pedido del fiscal busca que se revoque parcialmente la decisión de Amarante para incluir también el esquema de autorretención, donde se contemplan, entre otros ingresos, los vinculados a la venta de entradas.

En sus declaraciones ante la Justicia, Claudio Tapia negó responsabilidad directa en la operatoria, al señalar que las decisiones impositivas corresponden a áreas técnicas del organismo. Por su parte, Pablo Toviggino sostuvo que la entidad actuó bajo normativas del Ministerio de Economía que habilitaban planes de regularización y prórrogas, y planteó que no existió intención delictiva.

Ambos también afirmaron que una parte significativa de la deuda —estimada en más de $19.000 millones— ya fue cancelada, algo que la Justicia dio por acreditado, aunque continúa analizando si la demora en los pagos configura delito.

Ahora, la decisión sobre el planteo del fiscal quedará en manos de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio.

En paralelo, el tribunal rechazó el intento de la defensa de Toviggino de apartar al juez Diego Amarante, quien seguirá al frente del expediente que investiga a los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.